Disolver el INASE: un error estratégico para el país

Qué es el INASE y cuál es su rol en el país
La Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N.º 20.247 fue sancionada en 1973. Dieciocho años después, por decreto del presidente Menem, se creó el Instituto Nacional de Semillas (INASE) como órgano de aplicación de dicha ley. Diez años más tarde, otro decreto, esta vez del presidente De la Rúa, dispuso su disolución.
En 2004, el INASE fue recreado por la Ley N.º 25.845, y, al año siguiente, se inició su proceso de regionalización, con la apertura de oficinas en distintas zonas del país y el establecimiento de una política de contacto directo con los productores.
El Decreto N.º 2817/91, reglamentario de la ley de semillas, le confiere al INASE funciones clave: el control del comercio de semillas mediante “poder de policía”, la expedición de títulos de propiedad sobre variedades y la certificación nacional e internacional de órganos vegetales destinados a siembra, plantación o propagación.
Tareas de fiscalización y garantía de calidad
El Instituto verifica en comercios y acopios que las semillas estén rotuladas correctamente. Además, a través del Laboratorio Central o de sus tres laboratorios regionales, analiza si el contenido del envase se corresponde con lo declarado en la etiqueta. En viveros, controla materiales de propagación de distintas especies, y con eso asegura que las plantas sean sanas, de buena calidad y con identidad varietal comprobada.
El artículo 9.º de la ley establece los requisitos mínimos que deben figurar en el rótulo identificatorio, lo que garantiza la “lealtad comercial” y permite a los productores reclamar en caso de fraude.
El cuerpo de inspectores del INASE recorre el país fiscalizando comercios, cooperativas, viveros y laboratorios de semillas, verificando la legalidad del material y su documentación.
Ante infracciones a la ley, el organismo puede aplicar sanciones como apercibimientos, multas, decomisos, suspensiones, inhabilitaciones o clausuras.
Cómo se financia el INASE
El INASE se financia a través de los aranceles que pagan anualmente unos 2400 operadores de semillas, el cobro de estampillas de fiscalización, los títulos de propiedad varietal y las multas por infracciones. No utiliza impuestos generales, por lo que no impacta en el déficit fiscal.
Cuenta con 236 agentes: 46 de planta permanente, 172 contratados bajo la Ley Marco y 18 extraescalafonarios o monotributistas. El 55 % del personal está constituido por profesionales (ingenieros agrónomos, biólogos, biotecnólogos, abogados, contadores, informáticos) y el 45 %, administrativos especializados en semillas.
Consecuencias de una posible disolución del INASE
La absorción del INASE como una simple dirección nacional dentro de la Secretaría de Agricultura implicaría la pérdida de operatividad para realizar controles urgentes y emitir resoluciones con celeridad frente a emergencias climáticas o sanitarias.
Se rompería el vínculo directo con los operadores del sector, se centralizaría la gestión y se recortaría presupuesto; esto afectaría funciones vitales como la inscripción de variedades, inspecciones de pureza varietal y lotes de mantenimiento de pureza varietal.
Impacto en las áreas técnicas y especializadas
En el área de informática, el despido de personal limitará el desarrollo de sistemas digitales necesarios para el control de semilleros. Estos procesos requieren años de desarrollo y personal altamente especializado.
En lo jurídico, los abogados del INASE tienen formación específica en comercio de semillas y propiedad intelectual vegetal, saberes que no podrán ser reemplazados fácilmente.
En biotecnología, la centralización podría facilitar la aparición de eventos transgénicos no autorizados y afectar las exportaciones, la autorización de ensayos a campo y la disponibilidad de nuevas tecnologías.
Riesgos concretos para el sector viverista
El debilitamiento de las oficinas regionales afectará directamente al sector viverista. Estas oficinas responden a una dirección específica que planifica según las características territoriales. La centralización implicará demoras, desconocimiento del sector y menor eficiencia.
En el caso de la certificación de plantas cítricas, ya se implementa un sistema de gestión en línea. Perder la independencia informática podría implicar un retroceso al sistema en papel.
Frente a emergencias sanitarias como el HLB (Huanglongbing), una dirección centralizada no tendrá capacidad de reacción inmediata.
Conclusión: un retroceso innecesario
Disolver el INASE es un error político y técnico. No beneficia a los viveristas ni a los productores. Tampoco genera ahorro fiscal. En cambio, pone en riesgo el sistema de control, la competitividad internacional y la capacidad de respuesta ante las emergencias.
Preservar el INASE es preservar la trazabilidad, la transparencia comercial y la soberanía tecnológica de la Argentina.
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