Allanamientos e inspecciones: habla el presidente de la AAFV

Pablo Irie, presidente de la Asociación Argentina de Floricultores y Viveristas, explica lo ocurrido durante la semana del 28 de marzo. Además, expone cómo están tratando el tema.

El lunes 28 de marzo tomamos conocimiento de los allanamientos e inspecciones de los cuales estaban siendo objetos algunos productores, por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, en lo que se presentó como búsqueda de cactus alucinógenos y tráfico ilegal de flora, nos cuenta Pablo Irie, presidente de la Asociación Argentina de Floricultores y Viveristas. Dado lo confuso de las situaciones que se fueron sucediendo en los diferentes cultivos, además de las repercusiones de carácter sensacionalista que estaban difundiéndose en distintos medios de comunicación (Allanamientos e inspecciones: qué publicaron los medios nacionales), la Asociación convocó a un comité de emergencia para discutir y abordar el tema de manera conjunta e institucional, y actuar en representación de todos los viveros productores y viveros de venta al público (los que habían sido afectados y los que no, ya que podían serlo en un futuro).

¿Qué se hizo desde la Asociación Argentina de Floricultores y Viveristas?

El martes 30 de marzo ya estaba formado el comité en el cual participaron miembros de nuestra Comisión Directiva, instituciones del Clúster Florícola y algunos de los productores afectados. Como siempre, tuvimos el asesoramiento y la guía de los ingenieros agrónomos Daniel Morisigue y Marcelo Sasaki.

El objetivo del comité es resolver y clarificar las acusaciones realizadas a viveristas y floricultores sobre el tráfico ilegal de flora en cumplimiento a la normativa de la CITES (Introducción a la CITES). Tema que afecta a todo nuestro sector porque implica la no comercialización de gran parte de las especies hoy cultivadas.

Por otra parte, el mismo 30 de marzo comenzamos los acercamientos con funcionarios del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, el INASE, el SENASA, el INTA y la Universidad Nacional de Luján, que ofreció su colaboración al sector. Debemos destacar que estas instituciones han tenido la mejor predisposición para ayudarnos a clarificar el tema con el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.

Mientras tanto y para atender a la cuestión legal, se contrataron los servicios de un estudio jurídico que ya está actuando sobre la causa penal iniciada en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Morón, en miras de resolver positivamente la causa lo antes posible, ya que todas las plantas que han sido secuestradas en los procedimientos y puestas en custodia de los propios cultivadores para su cuidado están sujetas a la prohibición de reproducirlas y/o venderlas.

 ¿Cuál es la situación actual?

Gracias al trabajo articulado y al compromiso institucional, podemos decir que ya están encaminadas las gestiones para iniciar un diálogo con el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación con el objetivo de resolver los temas y llevar tranquilidad al sector.

Me gustaría señalar que desde la Asociación queremos aprovechar este espacio para agradecer a todos los que se sumaron haciendo un aporte extraordinario para costear los gastos de esta causa.